El Consejo de Colegios Oficiales de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local de Castilla-La Mancha ha jugado un papel crucial en la formulación de un nuevo decreto que regulará las Entidades Colaboradoras de la Administración. Este decreto, aprobado recientemente y publicado en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, busca fortalecer el apoyo técnico a las entidades locales, especialmente las más pequeñas, sin comprometer las competencias ni el principio de autoridad de la Administración pública.
El marco jurídico establecido por esta normativa desarrolla las previsiones de la Ley 4/2025 de Simplificación, Agilización y Digitalización Administrativa. Permitirá a las entidades colaboradoras actuar en ámbitos como urbanismo, gestión forestal, evaluación ambiental, economía circular, patrimonio cultural, servicios sociales y turismo.
Rafael Santiago, presidente de COSITAL Castilla-La Mancha, destacó que el principal objetivo es mejorar la capacidad técnica de las administraciones públicas, especialmente en zonas rurales, mediante una colaboración efectiva con entidades especializadas. Este nuevo régimen público-privado busca optimizar procesos y mejorar la calidad técnica de los expedientes administrativos.
El decreto subraya que las entidades colaboradoras se limitarán a elaborar informes, certificaciones y ofrecer asistencia técnica, reafirmando que no sustituirán las competencias de la Administración, que seguirá manteniendo el control y la supervisión. Santiago insistió en que esto no implica una renuncia al principio de autoridad por parte de la Administración, sino que se trata de una colaboración complementaria.
Inicialmente, el marco legislativo regulará el área de urbanismo, pero se extenderá a otros sectores como la gestión forestal, la calidad ambiental, la economía circular y la promoción empresarial. Desde COSITAL Castilla-La Mancha, se considera que esta normativa es una oportunidad para mejorar la capacidad de gestión de los ayuntamientos, facilitando el acceso a recursos técnicos especializados, especialmente para aquellos con estructuras administrativas más limitadas.
Rafael Santiago concluyó afirmando: «Todo aquello que permita reforzar la capacidad técnica de nuestros ayuntamientos es bienvenido. Lo importante es que los municipios dispongan de más herramientas para prestar un mejor servicio a la ciudadanía, manteniendo siempre las garantías, el control administrativo y la seguridad jurídica».
